Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado de dos delitos de robo con violencia con uso de medio peligroso y atenuante analógica de anomalía psíquica. La sentencia se dictó con la conformidad del acusado dado que no se observó anomalía alguna que pudiese viciar la voluntad conteste del acusado en la aceptación de la calificación jurídica de los hechos su presupuesto fáctico y la consecuencia penológica. Sin embargo, se formula apelación porque el acusado tiene defectos de comprensión y de comunicación por lo que debió continuarse el juicio ante la duda de que el acusado no estuviera siendo plenamente consciente de lo que consentía al tratarse de persona con discapacidad intelectual en un acto de comunicación mediante videoconferencia, con una instrucción breve y en la que todos y cada uno de los contactos mantenidos con el Juzgado y con su abogada han sido a través de videoconferencia. Se analiza la procedencia de la celebración telemática del juicio como consecuencia de la normativa para hacer frente a la Covid. La Audiencia considera que el visionado del acto de juicio no evidencia irregularidad alguna en su desarrollo, al advertir la juzgadora al acusado de la naturaleza y consecuencias del acto de conformidad que se desarrollaba. Le manifestó la pena que se interesaba y preguntó al acusado si estaba conforme con esa petición, a lo que este responde de forma nítida, y clara, que está de acuerdo, sin que se acredite que existiese duda respecto de la pena.
Resumen: La presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, que posibilita "su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca de la veracidad de los hechos sobre los que se asienta la pretensión acusatoria. Esta verificación de la prueba de cargo requiere una triple comprobación: (i) que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él, (ii) que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica y, (iii) que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. El art. 178 no tiene en cuenta la intensidad de la violencia ejercida, sino su suficiencia para lograr el objetivo.
